La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional investigue el asalto a Ceuta por su presunta dirección desde Marruecos

La Fiscalía ha dado un espaldarazo a que sea la Audiencia Nacional, y no un juzgado ordinario ceutí, quien instruya lo ocurrido en la frontera de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Según El Mundo, el Ministerio Público ha presentado un informe a la jueza María Tardón en el que defiende la competencia de ese tribunal para investigar la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

El fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, apunta en el escrito a la posible comisión de varios delitos: favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave, y organización o grupo criminal. Para el Ministerio Fiscal, se trataría de hechos cuya investigación corresponde a órganos con capacidad para afrontar, según recoge El Mundo, fenómenos criminales complejos y organizados, no a un juzgado de instrucción convencional.

El argumento marroquí

El núcleo jurídico de la petición está en el origen geográfico de la operación. La Fiscalía considera, según los indicios recabados hasta ahora, que una parte sustancial de la planificación, la movilización, la coordinación logística, la difusión digital y la eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material, el resultado perseguido y los efectos más graves se produjeron en suelo español.

Una parte sustancial de la dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí

Ese matiz no es menor: el artículo 65.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados internacionales, su persecución corresponde a los tribunales españoles. Si la instrucción confirma que el diseño de la entrada se coordinó desde el otro lado de la frontera, la competencia del tribunal madrileño quedaría reforzada.

Secreto y delitos aún por perfilar

El Ministerio Público no cierra la puerta a que el caso crezca en gravedad. En su comunicado, recalca que la instrucción deberá determinar si los hechos investigados incluyen además delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva, como la paz o la independencia del Estado, una fórmula que deja abierta la calificación final. El fiscal jefe ha pedido también a la jueza Tardón que declare el secreto parcial de las actuaciones, dada la concurrencia de razones excepcionales que, según el escrito, así lo justifican.

El propio Alonso decidió el miércoles asumir personalmente el asunto por su relevancia. Hasta entonces, las diligencias habían recaído en el fiscal José Perals, quien ya había trasladado a su jefe una posición favorable a que fuera la Audiencia Nacional, y no otro órgano, quien investigara la invasión.

Un frente abierto con Interior

El respaldo del Ministerio Público llega en un momento delicado para la jueza Tardón, que un día antes había recibido el apoyo de la propia Audiencia Nacional frente a las críticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según El Mundo, la Sala de Gobierno del tribunal defendió que la magistrada no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, después de que Marlaska mostrara su preocupación por la decisión de la jueza de impedir que el equipo de la Policía Nacional que investigó los hechos diera cuenta a sus superiores de sus pesquisas.

La crisis de Ceuta arrastra ya varias semanas de polémica institucional, con un informe clave sobre la entrada masiva que, según publicó este medio, llegó tres días tarde y cuando la invasión ya estaba desatada. El respaldo de la Fiscalía a la competencia de la Audiencia Nacional añade ahora una pieza más a un pulso que enfrenta a Interior con el poder judicial sobre quién controla, y quién explica, lo sucedido en la frontera sur.

Queda por ver si la jueza Tardón acoge finalmente el criterio del Ministerio Fiscal y declara su competencia de forma definitiva, así como el alcance real del secreto de sumario solicitado. De confirmarse la pista marroquí en la dirección de la operación, el caso podría derivar en una instrucción de mayor calado, con implicaciones diplomáticas que hasta ahora no se habían planteado abiertamente.