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El País Vasco logra que la Ertzaintza participe en las expulsiones de inmigrantes mientras Cataluña sigue esperando

El Gobierno central acuerda con Euskadi una «participación complementaria» de la policía autonómica en procedimientos de extranjería, algo que prometió a Cataluña en 2025 y nunca cumplió.

El País Vasco logra que la Ertzaintza participe en las expulsiones de inmigrantes mientras Cataluña sigue esperando

La Ertzaintza se ha convertido en la primera policía autonómica de España en obtener un papel formal en la gestión de la inmigración. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, cerraron ayer un acuerdo que permite al cuerpo vasco una «participación complementaria en el ámbito de extranjería, en los aspectos que guarden vinculación directa con la seguridad y el orden público en el País Vasco», según la fórmula pactada entre ambas partes.

El acuerdo, no obstante, tiene límites precisos. Según fuentes del Ministerio del Interior citadas por El Mundo, los procedimientos de expulsión siguen siendo competencia exclusiva de la Policía Nacional. Lo que cambia es que la información operativa generada por la Ertzaintza se incorporará a los informes que elabora la Policía Nacional en los expedientes de expulsión tramitados al amparo de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros.

En la práctica, según el mismo medio, la Ertzaintza asistirá con inteligencia policial en casos de delincuencia grave, reiteración delictiva, pertenencia a grupos criminales, violencia o alteración relevante de la seguridad ciudadana en Euskadi. Es decir, aportará datos para orientar expedientes, no ejecutará expulsiones por sí misma.

El contraste con Cataluña resulta inevitable. El 4 de marzo de 2025, PSOE y Junts anunciaron un acuerdo para el traspaso de las competencias de extranjería a Cataluña como parte del pacto de estabilidad parlamentaria. El president Salvador Illa llegó a celebrarlo públicamente. Quince meses después, según informa El Mundo, aquella promesa no se ha materializado y Junts ha pasado de garantizar estabilidad a pedir directamente a Pedro Sánchez que disuelva las cámaras y convoque elecciones.

El sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, considera que la transferencia anunciada para Cataluña «es completamente imposible». Su portavoz, Albert Palacio, declaró a El Mundo que no hay efectivos suficientes y que la Policía Nacional y la Guardia Civil «lo hacen realmente bien». Según los cálculos del sindicato, en 2031 el 50% de los agentes de los Mossos estarán en segunda actividad (más de 57 años), lo que reducirá drásticamente su capacidad operativa.

El movimiento del Gobierno central tiene una lectura política evidente. El PNV, socio parlamentario del Ejecutivo, puede exhibir ante su electorado una concesión de Madrid en una materia que genera enorme tensión social. Es un gesto que sintoniza, además, con una demanda transversal del arco político: mayor control sobre la circulación y el asentamiento de extranjeros.

Junto al acuerdo con Euskadi, el Gobierno anunció otras dos medidas que llevará al Congreso, según recoge El Mundo: un endurecimiento de las penas para reincidentes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y una modificación del Reglamento de Armas para reforzar la prevención y el régimen sancionador por el porte de armas blancas en espacios públicos. Dos propuestas ante las que PP y Vox tendrían difícil justificar un voto en contra.

La maniobra parlamentaria tiene, por tanto, un doble filo. Si las normas salen adelante, Sánchez escenifica que la acción legislativa continúa tras meses de parálisis. Si no las saca, habría forzado a la oposición a votar contra medidas de seguridad que ella misma reclama. En cualquier caso, el Gobierno vasco se ha comprometido a «implicarse en la búsqueda de mayorías parlamentarias» que faciliten la aprobación, un respaldo que va más allá de los cinco escaños del PNV y que podría ser clave para sumar a Junts.

Queda por ver si esta fórmula vasca abre camino a un modelo replicable en otras comunidades con policía propia o si se queda en un traje a medida para un socio necesario. Lo que ya no queda es la duda sobre quién ha movido ficha primero: mientras Cataluña sigue con la promesa en el cajón, la Ertzaintza ya tiene encima de la mesa un papel en blanco y negro.

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